El fiscal de Bolivia ve siete delitos en la consultora vinculada a Monedero

La Fiscalía Anticorrupción de Bolivia señala siete delitos en las ocho contrataciones del Gobierno de Evo Morales con Neurona Consulting, la empresa vinculada a Juan Carlos Monedero que elaboró las últimas campañas electorales de Podemos.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ministerio Público encuentra siete tipos penales imputables a la ex ministra de Comunicación, los altos cargos del ministerio, los funcionarios y la propia empresa, implicados en el ‘caso Neurona’.

Estos delitos son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

La denuncia, de 134 páginas y fechada a 29 de noviembre de 2019, relata todo el listado de presuntas irregularidades cometidas en estos ocho contratos, que suman 12 millones de bolivianos (más de un millón y medio de dólares) entre 2017 y 2018.

Batería de «irregularidades»

En primer lugar, se apunta que no se aplicaron las normas de contratación adecuadas. Es decir, se usó la normativa para contrataciones en el extranjero, con unos requisitos más laxos, pese a que el trabajo se realizaba en el país.

En segundo lugar, los cinco autores de la denuncia señalan que no se justificó correctamente con informes por qué hacían contrataciones directas. En este sentido, existían más empresas en Bolivia capaces de hacer estos trabajos de vídeos promocionales para redes sociales y documentales de publicidad institucional.

Sin informes justificantes, se optó por la contratación sin concurso público señalando que la empresa tenía «experiencia internacional». «La amplia experiencia de Neurona tampoco fue acreditada en los informes», afean. Entre los trabajos realizados se destacan colaboraciones con los partidos de la izquierda radical de América Latina y sus Gobiernos, además de distintas campañas para Podemos en España.

Precios inflados

Por otra parte, y siempre según la Fiscalía, no se justificaron correctamente en los expedientes los precios estipulados para los ocho contratos: «Los precios de referencia aparecen sin respaldo, no cuentan con ninguna documentación que respalde el cálculo». En este sentido, fuentes consultadas consideran ‘inflado’ pagar 1,5 millones de dólares por estas campañas audiovisuales de publicidad.

En el mismo sentido, en la batería presuntas irregularidades, aparecen también contrataciones no previstas ni en el Plan Operativo Anual ni en el Programa Anual de Contrataciones, lo que era obligatorio. A posteriori enmiendan el segundo documento para incluir estas contrataciones. Sin embargo, olvidan reformular el Plan Operativo Anual.

En quinto lugar, la Fiscalía carga contra Neurona por no cumplir los requisitos para trabajar en Bolivia. En este contexto, señala que no respetaron el Código de Comercio vigente en el país y que obliga a tener una empresa registrada en el Estado para poder operar en el mismo. La Fiscalía recuerda también lo sospechoso que es que la sociedad fue constituida meses antes de su primera contratación con tan solo 5.000 dólares de capital social y un objeto social tan amplio que les permite dedicarse a la compraventa de propiedades o de maquinaria de obras, entre otros negocios.

«Neurona no cumplió con lo previsto en las leyes bolivianas, no se encontraba habilitada legalmente para realizar actividades comerciales en Bolivia», señalan al consultar en el Registro del Comercio que no hay sociedad alguna inscrita en el país con ese nombre.

En este sentido, la empresa colaboradora de Podemos no justificó que había abierto una oficina local en La Paz para desarrollar su actividad, tal como estipulaba el contratom según recoge la denuncia. Además, la documentación que presentaron no se revisó. «No existe documentación que acredite quién verificó los documentos presentados», explican.

Por otra parte, los expertos en fiscalización señalan que la ministra y su equipo debió impedir la contratación porque entre las competencias que tiene atribuidas está las labores que subcontratan a Neurona. «El Ministerio de Comunicación tenía plenas facultades para desarrollar los servicios contratados», apuntan en la denuncia.

Trabajos sin contrato

La última irregularidad pasa porque los vídeos que entregó Neurona al Gobierno «tiene fecha de elaboración anterior de la suscripción de los contratos». Por tanto, algunos de los trabajos fueron irregulares. Además, en algunos casos no se respetaron los plazos de entrega.

En otro orden de cosas, la denuncia señala sus dudas sobre si el tratamiento tributario de Neurona fue correcto pero señalan que tendrá que ser la Agencia Tributaria quien determine este extremo.